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La corrupción en Bolivia: un flagelo para la justicia del país.


La corrupción es uno de los principales problemas que aqueja a nuestro país. La justicia, como pilar fundamental de un Estado de derecho, se ha visto gravemente debilitada por esta problemática, dejando una huella dolorosa en casos tan sensibles como el feminicidio e infanticidio, entre otros.


Cada día que pasa sin justicia, se perpetúa el sufrimiento de las familias de las víctimas y se socava la confianza en el sistema judicial, que debería ser el primero en generar confianza en la ciudadanía. Estos casos requieren una respuesta firme y eficiente por parte de las autoridades que conforman el tribunal de justicia, para brindar el debido proceso a las víctimas y sus familias, así como para enviar un mensaje claro de que estos delitos no serán tolerados.


Sin embargo, resulta frustrante observar cómo ciertos casos de corrupción que involucran a funcionarios de gobierno son resueltos con rapidez y eficacia. Esto no solo genera un sentimiento de impunidad, sino que también demuestra una clara falta de prioridades en la administración judicial.


Es realmente inaceptable que se destine más tiempo y recursos a casos de corrupción que afectan a una minoría privilegiada, en detrimento de aquellos que han sufrido la pérdida irreparable de sus seres queridos o la detención arbitraria de aquellos en oposición a la ideología del gobierno actual.


Cada vez es más evidente que la corrupción en la justicia de nuestro país, no solo alimenta la impunidad, sino que también perpetúa un sistema desigual. Asimismo, la falta de una reforma judicial profunda y efectiva ha permitido que aquellos denominados “intocables” se escuden detrás de su influencia y riqueza, mientras las víctimas quedan en el olvido y los perpetradores continúen libres.


El fracaso en la recaudación de firmas que buscaba impulsar una reforma judicial, fue un duro golpe; sin embargo, es imperativa la necesidad de crear normas que garanticen el acceso a una justicia imparcial, rápida y sin costo para todas las víctimas.


Rumbo a las elecciones judiciales de este año, las autoridades de gobierno deberían garantizar a la población la selección de candidatos que propongan medidas concretas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Solo así se podrá combatir de manera efectiva la corrupción y construir un sistema de justicia que proteja a las víctimas y no permita la impunidad de los victimadores.


La sociedad boliviana merece una justicia íntegra y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos y no solo que beneficie a algunos sectores privilegiados.


Por lo tanto, es responsabilidad de todos trabajar juntos para lograr una transformación profunda que elimine esta enfermedad de nuestra justicia y asegurar finalmente que la búsqueda de la verdad y la justicia sea un derecho alcanzable para todos, sin importar su posición social o su poder económico.


✍️ Ángela Balanza Sarmiento

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